Por: Mario Helfenstein.

Definición

Los conceptos de eficiencia y eficacia ocupan un lugar central en la gestión pública contemporánea. La eficacia remite al grado en que una política o programa alcanza los objetivos previstos, mientras que la eficiencia se refiere a la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados para lograrlos. Esta distinción, aparentemente sencilla, implica diferencias fundamentales en la forma en que se conciben y evalúan las intervenciones estatales. Como sostiene Hintze (1999), la eficacia se mide por el cumplimiento de metas de cantidad y calidad, mientras que la eficiencia incorpora la dimensión económica del proceso: hacer lo mismo -o más- con menos. En el contexto público, donde no siempre rige una lógica de rentabilidad, ambas dimensiones adquieren una densidad particular que las distinguen de su aplicación en el sector privado.

Importancia

En un escenario de demandas crecientes y recursos limitados, la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia ha sido uno de los motores de las reformas del Estado desde fines del siglo XX. Estas nociones pasaron a ocupar un rol estratégico no solo en el diseño de políticas públicas, sino también en los discursos legitimadores del accionar estatal. A diferencia del sector privado, donde la rentabilidad financiera actúa como medida común del éxito, el Estado enfrenta la necesidad de alcanzar múltiples objetivos -muchos de ellos cualitativos, conflictivos o imposibles de reducir a cifras-. Por eso, como advierten Pollit y Bouckaert (2011), la eficiencia y la eficacia en el sector público deben comprenderse como parte de una lógica más amplia, que articula criterios técnicos con principios democráticos, derechos ciudadanos y valores públicos. En América Latina, autores como Oszlak (2005) han resaltado la necesidad de superar una visión instrumental de la eficiencia que no contemple el contexto institucional, la cultura administrativa y las desigualdades estructurales que condicionan el accionar del Estado.

Características

La eficiencia en el sector público implica alcanzar los fines propuestos, tales como reducir la pobreza, aumentar la cobertura de salud o mejorar el acceso a la educación. No se trata solo de hacer cosas, sino de hacer las cosas correctas. La eficiencia, en cambio, se vincula con el uso racional de los recursos en la producción de bienes o servicios públicos. Es eficaz. por ejemplo, un hospital que atiende el número esperado de pacientes con la calidad prevista. Será eficiente si, además, lo hace utilizando de manera óptima sus recursos financieros, humanos y materiales. Sin embargo, alcanzar ambos objetivos de foma simultánea no es siempre posible, y muchas veces existen tensiones entre uno y otro. Un operativo de emergencia puede ser eficaz en resolver rápidamente una situación crítica, aunque resulte ineficiente en términos de costo-beneficio. En este sentido, Bozeman (2007) recuerda que no todo lo que es eficiente puede reducirse a una lógica de eficiencia. Para que la eficiencia sea significativa en el sector público, debe estar subordinada al cumplimiento de fines colectivos, como la equidad, la inclusión o la justicia distributiva.

Ejemplos

La implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en la administración pública argentina es un ejemplo concreto de cómo la digitalización puede mejorar la eficiencia organizacional al reducir tiempos, evitar trámites redundantes y optimizar el uso de recursos. Pero su eficiencia real solo puede evaluarse si esta herramienta contribuye efectivamente a resolver las necesidades de los ciudadanos. Otro caso es el de la gestión por resultados, que implica la vinculación directa entre los recursos asignados y el cumplimiento de metas específicas. En este modelo, no basta con justificar el gasto: debe demostrarse su impacto social. La experiencia del ANSES durante las últimas décadas muestra cómo esta lógica se ha aplicado de manera más o menos sistemática, integrando mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación (Helfenstein,2023). A nivel regional, Longo (2019) ha documentado cómo diversas experiencias subnacionales en América Latina han logrado conjugar eficiencia operativa y evaluación adaptados a los contextos institucionales locales.

Relación con otros conceptos

La noción de eficiencia y eficacia se entrelaza con otros conceptos clave de la administración pública. La gestión por resultados, por ejemplo, articula ambas dimensiones al establecer metas claras, indicadores de desempeño y una lógica de rendición de cuentas. La evaluación de políticas públicas, a su vez, utiliza la eficacia y la eficiencia como criterios esenciales para valorar el éxito o fracaso de una intervención. También se vinculan con el concepto de accountability, ya que la ciudadanía exige no solo que el Estado actué, sino que lo haga bien y con el menor costo posible. Por último, estas categorías están profundamente imbricadas con las discusiones sobre burocracia, gobernanza y cultura organizacional, dado que su implementación exige capacidades técnicas, liderazgo político y sistemas de información adecuados.

Críticas y debates

Diversos autores han señalado los riesgos de una aplicacion reduccionista o tecnocrática de estos conceptos. En particular, se advierte sobre el peligro de privilegiar la eficiencia en detrimento de otros valores públicos como la equidad, la participación o la justicia social. Como sostiene Moore (1995), la eficiencia solo es deseable cuando está al servicio del valor público, entendido como la producción de beneficios colectivos que trascienden los intereses individuales. Este valor público se construye en la interacción entre funcionarios, ciudadanos y contextos institucionales, y no puede definirse únicamente desde la perspectiva del ahorro o la optimización técnica. Además, muchos resultados relevantes del accionar público -como la confianza ciudadana, la cohesión social o la igualdad de oportunidades- no pueden medirse fácilmente, lo que pone en cuestión la posibilidad de evaluar la eficacia en términos puramente cuantitativos. Pollit y Bouckaert (2011) destacan también que los intentos de importar modelos de eficiencia del sector privado al sector público han tenido resultados ambiguos, en parte porque los objetivos del Estado no son unívocos ni homogéneos, y porque su desempeño está condicionado por factores políticos, institucionales y culturales.

Asimismo, algunos enfoques contemporáneos, como el de Osborne (2010), proponen superar la mirada tradicional centrada únicamente en la eficiencia interna de las organizaciones públicas, incorporando el concepto de co-producción de servicios públicos. Este enfoque enfatiza la interacción entre los ciudadanos y el Estado en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, resaltando que la eficacia y la legitimidad de los servicios dependen en gran medida de esta colaboración. Desde esta perspectiva, el valor público no se genera exclusivamente desde dentro del aparato burocrático, sino que emerge de procesos interactivos y relacionales que implican a múltiples actores. La eficiencia, en consecuencia, no puede entenderse sin considerar también la capacidad de respuesta del Estado a las expectativas y experiencias de la ciudadanía.

Conclusión

La eficiencia y la eficacia deben ser concebidas como dimensiones complementarias de una gestión pública orientada al bien común. En lugar de optar por una en detrimento de la otra, el desafío es construir capacidades institucionales que permitan articular ambas, sin renunciar a los principios normativos que permitan articular ambas, sin renunciar a los principios normativos que fundan la acción estatal. Como lo muestra la experiencia argentina, es posible avanzar en la modernización del Estado sin sacrificar su vocación social ni su función reguladora. Pero para ello se requiere una mirada estratégica que supere la lógica del recorte por la del fortalecimiento institucional, combinando herramientas de planificación, evaluación, digitalización y descentralización inteligente. Solo así podremos contar con Estados que sean, al mismo tiempo, técnicamente competentes, socialmente legítimos y políticamente responsables.