por Mario Helfenstein

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS:

En la última década, las nuevas tecnologías han transformado nuestra vida cotidiana y, en respuesta, los gobiernos de nuestro país han buscado integrarlas para agilizar la vida de los ciudadanos y reducir las demoras burocráticas. Sin embargo, ¿es la modernización del Estado equivalente a la desregulación impulsada por el gobierno actual? ¿Qué diferencias fundamentales existen entre ambos enfoques?

En el cuadro siguiente podemos observar cuales son los ejes estratégicos según las misiones
y funciones definidas en las normas de creación de cada una de las áreas que se encargan
o relacionan con el rol y el funcionamiento del estado en los últimos tres gobiernos incluido el
actual:

La búsqueda de un Estado más moderno y eficiente no es algo nuevo, es un proceso que se
viene dando desde los años 90 y que tuvo un impulso renovado con la creación del ministerio
de modernización del estado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los objetivos suelen ser los mismos: reducir la burocracia, simplificar procesos, generar una
mayor transparencia en el estado, impulsar el acceso a las Nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

Esto demuestra que la modernización del Estado es un proceso continuo en el tiempo que
presenta acciones concretas y específicas que buscan mejorar el funcionamiento de las
organizaciones públicas. En tal sentido, resulta necesario aumentar la calidad de los servicios
provistos por el Estado incorporando tecnologías de la información y de las comunicaciones,
simplificando procedimientos, propiciando reingenierías de procesos y ofreciendo al
ciudadano la posibilidad de mejorar el acceso por medios electrónicos a información
personalizada, coherente e integral.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se creó el Ministerio de Modernización, el cual se
centraba en sus cinco ejes principales: 1. Plan de tecnología y gobierno digital, 2. Gestión
integral de los recursos humanos, 3. Gestión por resultados y compromisos públicos, 4.Gobierno abierto e innovación pública y 5. Estrategia país digital.

Luego con la asunción de Alberto Fernandez el ministerio pasa a ser la Secretaria de
Innovación, donde sus principales ejes fueron: Conectividad, Gobierno Digital, Inclusión
Digital y Gobierno Abierto.

En contraposición, la administración actual, propone un cambio paradigmático. La
modernización del estado entra en un segundo plano, mas allá que persisten algunos de los
ejes del menú que caracteriza al modelo, hay un cambio sustancial con la creación del
ministerio de desregulación. Mientras que la modernización se enfoca en buscar mejorar la
eficiencia y la calidad del estado, transformar y optimizar procesos, fortalecer capacidades
estatales y orientar el servicio hacia el ciudadano, la desregulación busca reducir la
intervención del estatal, enfocarse en eliminar o simplificar normas, dar mas libertad al
mercado y orientar la actividad hacia el sector privado.

El impulso a la incorporación de tecnología, la digitalización y la gestión por resultados en el
sector publico no aparecen como objetivos importantes, en cambio, la eliminación de normas,
la reducción de controles, la liberalización de los mercados y las privatizaciones pasan a ser
las principales metas a lograr en el marco del rol del estado.

La política de desregulación no es nueva. Durante la gestión del presidente Menem se llevo
adelante muchas medidas que apuntaron a desregular, como, privatizar, reformas al comercio
exterior, reforma financiera, reformas en el mercado laboral, etc.

Los impactos de esas políticas fueron muy dispares, en algunos casos permitieron mejoras
en la actividad económica y en el desempeño del sector publico y en otros tuvieron efectos
negativos en el aspecto social.

Los impactos positivos de la desregulación, podemos encontrarlo en algunas cuestiones
vinculadas a mayor competitividad, precios mas competitivos, mejora en la calidad de servicios
e innovación sectorial. Por otro lado, es importante aprender de las experiencias del pasado
y tener en cuenta los posibles riesgos de una política desregulatoria sin medida alguna, entre
ellas, la concentración monopólica en algunos mercados, desprotección de consumidores,
perdida de control sobre servicios esenciales y afectación a grupos sociales vulnerables.