Por Mario Helfenstein

En diciembre de 2024 el gobierno de Javier Milei decidió prorrogar por segundo año
consecutivo el presupuesto de 2023, siendo este de aproximadamente $96 billones,
esto se desencadenó luego de que el Congreso Nacional no tratará el proyecto de
presupuesto, el cuál fue enviado en septiembre de 2025.


Es interesante recalcar que un hecho de esta índole no sucedía desde la aprobación de
la Ley de administración Financiera (1992). La decisión del Presidente y su equipo sin
dudas han generado un debate político y económico significativo al prorrogar el
presupuesto de 2023 (con las reformas de 2024 incluidas), ya que la presentación del
presupuesto anual al Congreso es un mandato establecido por la Ley de Administración
Financiera y una práctica crucial para garantizar la transparencia y el equilibrio de
poderes.
Pero, ¿Qué consecuencias tiene esta situación? ¿Cómo se ve afectado nuestro Estado?:

  1. Concentración de Poder en el Ejecutivo: Sin un presupuesto aprobado por el
    congreso, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reasignar recursos de manera
    discrecional mediante decretos. Esto debilita el control de los otros dos poderes
    y pone en riesgo la transparencia en la administración de fondos públicos    , ya que
    el congreso pierde su capacidad de intervenir en la decisión sobre cómo se
    utilizan los fondos.
  2. Impacto en las Provincias: Sin un presupuesto aprobado, el financiamiento de
    obras públicas y servicios esenciales y la capacidad de planificar estos se encuentra
    comprometida    , lo que puede genera tensiones entre el gobierno nacional y las
    administraciones provinciales.
  3. Incertidumbre Económica: La ausencia de un presupuesto puede generar
    desconfianza en los mercados financieros y afectar la credibilidad del país ante
    inversores     tanto locales como internacionales. También dificulta la planificación de
    políticas económicas sostenibles.
  4. Afectación a Programas Sociales: Esto sucede porque no tienen una asignación
    presupuestaria concisa, y el financiamiento de estos proyectos quedan sujetos a la
    discrecionalidad del Ejecutivo    .

    En conclusión, la ausencia de un presupuesto nacional afecta negativamente al
    funcionamiento del Estado, ya que centraliza el poder en el Ejecutivo y debilita el control
    legislativo, generando incertidumbre económica y social    . La Ley de Administración
    Financiera y su correcta aplicación fortalece la transparencia del Gobierno Nacional para
    con los ciudadanos, pero también afianza la correcta distribución de poderes y la
    posibilidad de planificar estratégicamente la economía del país.